La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz (JEP) emitió este martes una sentencia histórica, condenando a siete exintegrantes del Secretariado de las extintas FARC-EP con penas alternativas de ocho años por crímenes de secuestro.

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Este fallo, calificado como "la máxima que permite el Acuerdo Final de Paz", es el primero en condenar a la antigua cúpula guerrillera.

En este caso, los comparecientes fueron los últimos jefes máximos de las FARC: Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko; Pastor Alape, Jaime Alberto Parra (el Médico), Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda (Ricardo Téllez).

Al leer la sentencia, el magistrado Camilo Suárez Aldana se dirigió directamente "al alma herida de Colombia" ya las víctimas que han esperado por años la verdad.

"Esta sentencia no borra el sufrimiento, pero es un acto de reconocimiento", afirmó, añadiendo que el fallo "reconoce a la sociedad colombiana y al mundo, que lo que ocurrió fue injustificable e inhumano".

Tras un riguroso proceso de investigación, la JEP concluyó que los exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP hicieron del secuestro una política criminal siguiendo tres patrones para: 1) Financiar su organización armada 2) Presionar al Estado colombiano para un intercambio de prisioneros 3) Ejercer control social y territorial.

Asimismo, encontró que los siete exintegrantes del secretariado tenían mando sobre las tropas y fueron determinantes para que la política de secuestro se extendiera por todo el país.

Estas políticas de secuestro dejaron por lo menos 21.396 víctimas. De ellas, 4.325 fueron acreditadas en la JEP, tras su deseo de participar en este proceso judicial.

Un hito para la justicia y la memoria

El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, destacó que la sentencia es un hito sin precedentes en la historia del país, ya que "nunca antes había ocurrido en Colombia que los máximos responsables reconocieran públicamente sus crímenes ante la justicia y las víctimas".

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Ramelli se enfatizó que el fallo es producto de la "verdad de los responsables y la persistencia de las víctimas", quienes no se rindieron en su búsqueda de justicia.

"La justicia que hoy se pronuncia nos obligó a retirar, una a una, las capas de silencio, de miedo y de negación que cubrían la verdad", afirmó.

Sin embargo, aclaró que "con el cumplimiento de la Sanción Propia impuesta por la JEP se extinguen las penas y responsabilidades penales ordinarias de estos comparecientes por los mismos hechos". Pero la JEP es enfática: "el incumplimiento de la Sanción Propia o del régimen de condicionalidad puede derivar en la pérdida de los beneficios otorgados por este tribunal transicional".

🔴#Atención | La JEP emite su primera sentencia restaurativa contra 7 exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP por secuestro y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio.

📹Sigue en vivo la transmisión de la decisión. https://t.co/QvgDk368CQ

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 16, 2025

Proyecto de búsqueda

Como parte de la sanción, inicialmente se priorizó un proyecto de búsqueda,  identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el cementerio  de Palmira, Valle del Cauca. La JEP definió que, además de este, los comparecientes desarrollarán otros proyectos que se irán implementando progresivamente hasta cumplir la sanción.

También se priorizó un proyecto de memoria en el que los comparecientes deberán  realizar relatos dignificantes que empezarán en Cali y Neiva, así como labores  operativas como transcripciones, sistematización de información y apoyo en la organización de eventos orientados a la memoria y la reparación simbólica de las  víctimas. Asimismo, deberán participar en obras donde se instalen dispositivos de  memoria.

Los sancionados tendrán restricciones de derechos y libertades, entre ellas las relacionadas con la movilidad, la residencia y el trabajo. Deberán cumplir horarios, permanecer en los lugares determinados, estar bajo monitoreo permanente mediante un dispositivo electrónico y participar en los proyectos restaurativos durante el tiempo fijado en la sentencia.

Los sancionados permanecerán bajo un régimen de condicionalidad que les exige seguir aportando verdad cada vez que sean requeridos en las distintas investigaciones de la JEP a las que siguen vinculados por otros crímenes cometidos durante el conflicto

Finalmente, el magistrado Suárez  hizo "una invitación a toda Colombia a construir una paz que se sienta en la vida diaria. No una paz decorativa, no una promesa vacía. Una paz que se levante cada mañana con dignidad, con verdad, con memoria. Con el firme objetivo de construir una Colombia donde la vida sea sagrada, la libertad inviolable, y la justicia posible”.

La sentencia, además de marcar un cierre judicial, busca abrir una nueva página para la memoria y la paz en el país.